Con motivo de la incorporación de Chile en la OCDE, el 02 de diciembre de 2009 se publicó la Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

En esta ley se establecen los lineamientos mínimos que deben cumplir las empresas para obtener una certificación donde se señale que cuentan con un Modelo de Prevención que cumple con los requisitos establecidos. Obtener la certificación significa obtener un atenuante a la hora de enfrentar un juicio por la comisión de algunos de los delitos a que se hace referencia.

La ley impone responsabilidad penal a todas las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado.

Las personas jurídicas son responsables de los delitos cometidos directa e inmediatamente para su interés o provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que estos delitos se cometan por incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión.

La importancia de la certificación está dada por la introducción de severos riesgos legales, reputacionales y económicos. Dado lo anterior, la certificación es un factor esencial, que tiene la capacidad de transformar al Modelo de Prevención en una potente herramienta de protección legal de la persona jurídica, tanto para prevenir los delitos, como para intentar eximirse de una eventual responsabilidad penal en caso de que sean efectivamente cometidos.

Feller Rate evalúa que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Nº 20.393 en conjunto con otros estándares, enfocado a la industria a la que pertenece la empresa y de acuerdo con el tamaño y complejidad de las operaciones de la entidad.